TRIBUTO A SILVIO RODRIGUEZ...  "BAR CLANDESTINO " SN MARTIN A PASOS DE CAUPOLICAN... $500 LA ENTRADA A BENEFICIO DE LA NAVIDAD DEL ASILO DE ANCIANOS "EL EDEN"






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La quiebra injustificada de la “U”

Pocas veces en la historia de nuestro país se ha visto una privatización tan sucia como la de la “U”, proceso que culminó el 25 de mayo del 2007 en tribunales y del que todos los socios de la “U” fueron testigos.
Los socios de la “U” creen que se conformó una Asociación Ilícita entre diferentes Instituciones y personajes públicos de nuestro país, quienes participan en diferentes ámbitos de nuestra cotidianidad: Estado, Poder Legislativo, Poder Judicial, Prensa -escrita y televisiva-, Corredoras de Bolsa, la Sindicatura, los Grandes Empresarios y la Casa de Estudios de Bello.

DEFINICIÓN: ASOCIACIÓN ILÍCITA

La asociación ilícita está contenida en el artículo 292 y siguientes del Código Penal vigente y establece q ue ésta, “importa un delito que existe por el solo hecho de organizarse”.
El Código Penal establece penas diferenciadas, de modo que quienes ejercen mando o son los jefes de la asociación ilícita arriesgan hasta 20 años de presidio.
La figura de la asociación ilícita se fundamenta en el hecho de que exista una estructura jerarquizada de mando, la cual debe estar encabezada por alguien, con permanencia en el tiempo, sentido de pertenencia de cada uno de sus integrantes y la perpetración de una pluralidad de delitos, entre los cuales se encuentra el ocultamiento de operaciones y otros en contra de la propiedad.
Aplicado al caso de la “U”, el delito debería ser la USURPACIÓN ILEGÍTIMA de nuestro club. La organización surge de una supuesta Asociación Ilícita de personas -que serán descritas más adelante-, las que operaron por un periodo de al menos 4 años, y que probablemente tenían una escala jerárquica.
LOS INTEGRANTES DE LA SUPUESTA ASOCIACIÓN
Todo comienza con la extraña relación político-acreedor de varios parlamentarios de nuestro país, muchos integrantes de la denominada “bancada azul”, grupo integrado por personajes como Waldo Mora Longa, Juan Carlos Latorre, Jorge Burgos y Gonzalo Duarte, entre otros. Los cuatro políticos mencionados anteriormente son socios de la “U” y asisten regularmente al estadio.
Mora, en una reunión con la A grupación de Socios Corfuch realizada en noviembre de 2006, afirmó ser coautor y partícipe de la génesis y promulgación de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas N° 20.019. También reconoció haberse contactado con José Miguel Insulza (Ministro del Interior de la época), Nicolás Eyzaguirre (Ministro de Hacienda de la época) y Gianni Lambertini (actual Tesorero General de Lambertini). Además, afirmó haber participado reiteradamente en campañas para remover timoneles de la Corfuch, asociándose con el bando opositor.
Respecto de los otros 3 políticos: Burgos estuvo involucrado en una acusación por venta ilegal de armas a Ecuador; Latorre estuvo involucrado en una extraña operación de venta de Prosa SA, empresa del grupo Copesa SAP, junto a Jorge Schaulsohn (PPD).
Otro involucrado importante es la Tesorería General de la República. Gianni Lambertini Maldonado, Tesorero General, ordenó a los abogados Aquiles Jara y Cristián Huerta solicitar a la justicia la quiebra de la Corporación de Fútbol de la Universidad de Chile (31 de diciembre de 2003), debido a las deudas que la institución mantenía con el Fisco. Sin embargo, estas deudas eran totalmente ficticias y surgieron a partir del cobro antojadizo de un impuesto cuya legitimidad se encuentra hasta el día de hoy en litigio judicial.
El 29 de Enero de 2007, la Agrupación de Socios Corfuch se reunió con Roberto Nahum Anuch, Decano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile y encargado de velar por los “intereses” de la Casa de Bello en la privatización de la CORFUCH. En esta reunión, Nahum se encargó de destruir todas las esperanzas que los socios tenían en que la Casa de Bello impediría la privatización de la CORFUCH o que al menos resguardarían los derechos. Sin embargo, Nahum dijo claramente que “la Universidad quiere que desaparezca la CORFUCH”, y que, a pesar de que la Universidad desarrollará infraestructura para el deporte universitario, a partir de los dineros que reciba desde el club universitario, en ningún caso compartiría estos espacios con la gente de la “U”, ni siquiera con los socios, simplemente porque Nahum cree que “no se puede mezclar a la gente universitaria con los delincuentes del fútbol”.  

HELLER, EL SUPUESTO CABECILLA

Toda asociación ilícita debe estar encabezada por alguien y en este caso, dando un vistazo rápido a los acontecimientos recientes e históricos, resulta bastante lógico apuntar los dardos hacia Carlos Heller Solari, accionista de Falabella, Parmalat, Homecenter, Club Hípico y reciente accionista mayoritario de la “U”.
Heller no sólo “compró barato”, sino que lo hizo sin competencia alguna, evidenciando una total falta de transparencia en el proceso de licitación del club.

LA MANO NEGRA DE GIANNI LAMBERTINI

Gianni Lambertini, Tesorero General de la República, fue uno de los principales responsables de la quiebra del Club Universidad de Chile. El equipo debia 4 mil 500 millones de pesos al Fisco y Lambertini, el hombre encargado de los cobros del Estado, no tuvo piedad con la U.
En diciembre de 2001, sin embargo, el mismo y severo Lambertini firmó el más sorprendente perdonazo tributario de la historia de los últimos años. Alrededor de dos millones de deudas (de personas y empresas) fueron declaradas prescritas, borradas del sistema.
Lambertini actuó en el marco de la ley. Una norma aprobada por el Congreso ese mismo año, lo autorizó a declarar prescritas las deudas “por oficio”, o sea, ante sí, sin (en teoría) pedirle autorización a nadie.
Pero para llevar a cabo dicha ley, se tiene que hacer hasta lo imposible para que la persona o empresa cancele su deuda. Por algo el nombre de la ley: “Normas para Combatir la Evasión Tributaria”.
Y aquí está el problema de Lambertini. La gruesa contradicción. Según un informe realizado por la Contraloría General (informe Nº 216/2003) la Tesorería declaró prescritas deudas tributarias que suman 264 mil millones de pesos. Eso, sin realizar todos los esfuerzos de cobranza establecidos por la ley.
¿que significan 264 mil millones de pesos?
Es la mitad de lo que cuesta financiar toda la reforma al sistema de Salud en Chile (incluyendo el plan AUGE). Es un poco menos de lo que deben todos los deudores del crédito universitario (270 mil millones), cuyos nombres aparecieron publicados en los diarios y a quienes se amenazó, si eran empleados públicos, con alejarlos del aparato del Estado. Es cuatro veces más de lo que el Fisco entrega al programa Chile Solidario. De ahí que la conclusión de los auditores de Contraloría sea elocuente. Según ellos, el que en un número importante de deudas la Tesorería ni siquiera haya iniciado los trámites de cobranza, se traduce “en un abandono parcial de funciones por parte del servicio recaudador (la Tesorería), al no dar cabal cumplimiento a su misión”.
Pero aquí no termina esta historia. Al “abandono de funciones” hay que sumar la honorable lista de perdonados. Una suerte de mesa de Te Club (por lo largo) en la que confluyen empresas de los grupos Matte, Piñera, Angellini y Claro; junto a compañías mineras de consorcios extranjeros (Disputada, El Abra); bancos y corredores de bolsa. Y también (ver recuadros) algunas empresas del Estado, como Codelco; o servicios dependientes, como el SERVIU y el SAG. Se trata de un perdonazo amplio y consensuado, como una mesa de diálogo.